¿Que Chile es un país desigual?, que duda cabe. Es una vergüenza nacional los escandalosos niveles de desigualdad entre "compatriotas". La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al cual recientemente ingresamos, señala que Chile es el país más desigual de la Región (Indice Gini). Este diagnóstico no sólo ha venido desde fuera, sino que todos los estudios locales así lo indican, hasta el propio presidente lo sostiene. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009), el 10% más rico de los chilenos incrementó en un 9,1 por ciento sus ingresos, bordeando los 3 millones de pesos en promedio, mientras que el 10% más pobre redujo este ámbito en un 26 por ciento, alcanzando cerca de 63 mil pesos.
Esta desigualdad se reproduce en todos los ámbitos del sistema, permeando también a la educación. Las personas de más escasos recursos no pueden costear lo que vale un buen colegio pagado, tampoco pueden ingresar ya que la mayoría de estos colegios selecciona a sus estudiantes, ¿y Dónde terminan?, en la manoseada educación pública o en algún colegio particular subvencionado de medio pelo. 200 mil pesos promedio paga un apoderado por educar a su hijo en un colegio acomodado, 45 mil pesos subvenciona el estado a un colegio municipal o particular subvencionado para educar a un niño, esta diferencia es un ejemplo de cómo la desigualdad está instalada "sin verguanza" en la sociedad chilena.
Agréguele a esto algunas prácticas sistemáticas de ciertos empresarios (La Polar, Presto, Hidroeléctricas, etc.) por imponer sus intereses por sobre los del bien común, a punta de dinero y presiones, resultando siempre perjudicados los consumidores e incrementados los bolsillos de los accionistas y empresarios.
Toda esta rabia e impotencia por tanto abuso e injusticia, se incubó en los gobiernos de la concertación y ha explotado en el gobierno del presidente Piñera, administración más vinculada a los grupos económicos, al lucro y a la concentración de riqueza, justamente aquel modelo que hoy está en tela de juicio ante la ciudadanía.
Entender la educación como un bien de consumo y no como un derecho que debe ser garantizado por el estado en cuanto acceso y "calidad" marca claramente una posición frente al lucro. El gobierno no comprende la raíz de los movimientos sociales que se han expresado, por lo tanto dificilmente puede responder a las demandas planteadas. Este no es sólo un problema de dinero, o de becas, o créditos, va mucho más allá. Tiene que ver con la función y posición del estado frente a temas tan relevante para la nación como la educación, la energía, el mundo financiero, etc.
La historia ha puesto contra la espada y la pared a quién introdujo el sistema de tarjetas de crédito en Chile. El sobreendeudamiento, los cobros excesivos, los intereses estratosféricos, DICOM, son parte también de este malestar expresado en las calles. Sin duda, que hasta el momento queda claro que el éxito en el sector privado no necesariamente es transmisible al ámbito público, después de todo: "Gobernar es Educar".
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